Casi todas las naciones están interesadas en explotar el potencial del gobierno electrónico. Sin embargo, no es una tarea sencilla. Un reciente estudio de la OCDE dice que “La mayoría de los gobiernos experimentan problemas al implementar grandes proyectos tecnológicos. Se exceden los presupuestos, los plazos no se cumplen y, a menudo, la calidad del nuevo sistema está muy por debajo del estándar acordado a la iniciación del proyecto. Del mismo modo, el grupo Gartner pone de manifiesto que “…es posible (y quizá esperable), que el 60% de las iniciativas de gobierno electrónico fallen o queden por debajo de sus objetivos iniciales”.
De manera que:
• ¿Cómo pueden los gobiernos encarar la puesta en marcha del gobierno electrónico?.
• ¿Cuales son las cuestiones más relevantes a tener en cuenta?
• ¿Cómo pueden ser optimizadas las inversiones a realizar?.
Los beneficios potenciales del gobierno electrónico son muchos: incrementar la satisfacción del usuario, mejorar la educación de la población, incrementar la eficacia y eficiencia gubernamental, mejorar la competitividad empresarial y mayor transparencia y apertura.
Los objetivos concretos dependerán de las prioridades y los valores de la política aplicada; el ahorro de costes, por ejemplo, puede venir dado por la automatización de tareas y la reducción de personal o por la generación de nuevos servicios. No hay que olvidar que el gobierno electrónico puede producir efectos colaterales negativos, como la ampliación de la brecha digital, el consumo de recursos a gran escala, el aumento de las expectativas ciudadanas y un cambio cultural complejo dentro de la propia burocracia.
Si uno de los objetivos del gobierno electrónico es mejorar los servicios, es imprescindible conocer las necesidades del usuario antes de emprender cualquier acción. El gobierno electrónico debería estar organizado desde la perspectiva del usuario, no desde la perspectiva del gobierno; identificando necesidades, prioridades y expectativas de los usuarios, los gobiernos pueden proporcionar lo que quieren los usuarios y no lo que los gobiernos piensan que quieren los usuarios. Dado el enorme coste financiero y operativo de fracasar, hay que tener en cuenta las áreas que son prioritarias para los ciudadanos en la asignación de los recursos.
viernes, 20 de noviembre de 2009
jueves, 19 de noviembre de 2009
SEGURIDAD INFORMATICA
SEGURIDAD INFORMATICA
Hoy en día, no es un secreto la vulnerabilidad de los sistemas informáticos y la facilidad con que especialistas en software pueden violentar los sistemas para acceder a información confidencial e inclusive cometer actos delictivos; esta vulnerabilidad de los sistemas informáticos hacen que se fomente un ambiente de poca confiabilidad de estos sistemas y en consecuencia muchos usuarios se abstengan de utilizar de manera más amplia las ventajas que les da la internet por solo el hecho de tener temor. Según Jacqueline Olivera, La Seguridad Informática continuamente se pone en el tapete, pero de la realidad se conoce muy poco, ya que se suele manejar con el amarillismo de los medios no especializados, dificultando las medidas de prevención, y colocando en tela de juicio el arduo trabajo del especialista.
El amplio desarrollo de las nuevas tecnologías informáticas está ofreciendo un nuevo campo de acción a conductas antisociales y delictivas manifestadas en formas antes imposibles de imaginar, ofreciendo la posibilidad de cometer delitos tradicionales en formas no tradicionales.
La mayoría del mundo informático desconoce la magnitud del problema con el que se enfrenta y, generalmente no se invierte ni el capital humano ni económico necesarios para prevenir, principalmente, el daño y/o pérdida de la información.
En cambio desde el punto de vista técnico, la seguridad está en manos de la dirección de las organizaciones y, en última instancia, en cada uno de nosotros.
En un sistema informático se deben asegurar, según Jacqueline Olivera:
• Reconocimiento: cada usuario deberá identificarse al usar el sistema y cada operación del mismo será registrada con esta identificación. En este proceso se quiere conseguir que no se produzca un acceso y/o manipulación indebida de los datos o que en su defecto, esta quede registrada.
• Integridad: un sistema integro es aquel en el que todas las partes que lo constituyen funcionan en forma correcta y en su totalidad.
• Aislamiento: Los datos utilizados por un usuario deben ser independientes de los de otro física y lógicamente (usando técnicas de ocultación y/o compartimiento). También se debe lograr independencia entre los datos accesibles y los considerados críticos.
• Auditabilidad: procedimiento utilizado en la elaboración de exámenes, demostraciones, verificaciones o comprobaciones del sistema. Estas comprobaciones deben ser periódicas y tales que brinden datos precisos y aporten confianza a la dirección. Deben apuntar a contestar preguntas como:
o ¿El uso del sistema es adecuado?
o ¿El sistema se ajusta a las normas internas y externas vigentes?
o ¿Los datos arrojados por el sistema se ajustan a las expectativas creadas?
o ¿Todas las transacciones realizadas por el sistema pueden ser registradas adecuadamente?
o ¿Contienen información referente al entorno: tiempo, lugar, autoridad, recurso, empleado, etc.?
• Controlabilidad: todos los sistemas y subsistemas deben estar bajo control permanente.
• Recuperabilidad: en caso de emergencia, debe existir la posibilidad de recuperar los recursos perdidos o dañados.
• Administración y Custodia: la vigilancia nos permitirá conocer, en todo momento, cualquier suceso, para luego realizar un seguimiento de los hechos y permitir una realimentación del sistema de seguridad, de forma tal de mantenerlo actualizado contra nuevas amenazas.
Hoy en día, no es un secreto la vulnerabilidad de los sistemas informáticos y la facilidad con que especialistas en software pueden violentar los sistemas para acceder a información confidencial e inclusive cometer actos delictivos; esta vulnerabilidad de los sistemas informáticos hacen que se fomente un ambiente de poca confiabilidad de estos sistemas y en consecuencia muchos usuarios se abstengan de utilizar de manera más amplia las ventajas que les da la internet por solo el hecho de tener temor. Según Jacqueline Olivera, La Seguridad Informática continuamente se pone en el tapete, pero de la realidad se conoce muy poco, ya que se suele manejar con el amarillismo de los medios no especializados, dificultando las medidas de prevención, y colocando en tela de juicio el arduo trabajo del especialista.
El amplio desarrollo de las nuevas tecnologías informáticas está ofreciendo un nuevo campo de acción a conductas antisociales y delictivas manifestadas en formas antes imposibles de imaginar, ofreciendo la posibilidad de cometer delitos tradicionales en formas no tradicionales.
La mayoría del mundo informático desconoce la magnitud del problema con el que se enfrenta y, generalmente no se invierte ni el capital humano ni económico necesarios para prevenir, principalmente, el daño y/o pérdida de la información.
En cambio desde el punto de vista técnico, la seguridad está en manos de la dirección de las organizaciones y, en última instancia, en cada uno de nosotros.
En un sistema informático se deben asegurar, según Jacqueline Olivera:
• Reconocimiento: cada usuario deberá identificarse al usar el sistema y cada operación del mismo será registrada con esta identificación. En este proceso se quiere conseguir que no se produzca un acceso y/o manipulación indebida de los datos o que en su defecto, esta quede registrada.
• Integridad: un sistema integro es aquel en el que todas las partes que lo constituyen funcionan en forma correcta y en su totalidad.
• Aislamiento: Los datos utilizados por un usuario deben ser independientes de los de otro física y lógicamente (usando técnicas de ocultación y/o compartimiento). También se debe lograr independencia entre los datos accesibles y los considerados críticos.
• Auditabilidad: procedimiento utilizado en la elaboración de exámenes, demostraciones, verificaciones o comprobaciones del sistema. Estas comprobaciones deben ser periódicas y tales que brinden datos precisos y aporten confianza a la dirección. Deben apuntar a contestar preguntas como:
o ¿El uso del sistema es adecuado?
o ¿El sistema se ajusta a las normas internas y externas vigentes?
o ¿Los datos arrojados por el sistema se ajustan a las expectativas creadas?
o ¿Todas las transacciones realizadas por el sistema pueden ser registradas adecuadamente?
o ¿Contienen información referente al entorno: tiempo, lugar, autoridad, recurso, empleado, etc.?
• Controlabilidad: todos los sistemas y subsistemas deben estar bajo control permanente.
• Recuperabilidad: en caso de emergencia, debe existir la posibilidad de recuperar los recursos perdidos o dañados.
• Administración y Custodia: la vigilancia nos permitirá conocer, en todo momento, cualquier suceso, para luego realizar un seguimiento de los hechos y permitir una realimentación del sistema de seguridad, de forma tal de mantenerlo actualizado contra nuevas amenazas.
miércoles, 18 de noviembre de 2009
CARTA IBEROAMERICANA DE GOBIERNO ELECTRONICO
Los Ministros de Administración Pública y de la Reforma del Estado y los Jefes de Delegación de los Gobiernos iberoamericanos, reunidos los días 31 de mayo y 1° de junio de 2007, en Pucón, Chile, en ocasión de la IX Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado renovaron su compromiso con la Reforma del Estado, el fortalecimiento de sus instituciones públicas y la modernización de sus mecanismos de gestión, teniendo en cuenta que la calidad de los organismos públicos es fundamental para el desarrollo, la igualdad de oportunidades y el bienestar social.
Los compromisos suscritos en la declaración y plan de acción de:
• En Johannesburgo
• En el Consenso de Monterrey
• En la Declaración de Principios de Ginebra,
• El Código Iberoamericano de Buen Gobierno y
• Las resoluciones pertinentes de otras Cumbres
En especial en lo referente a los Objetivos de Desarrollo del Milenio reconocen que las TIC están desigualmente distribuidas entre los países en desarrollo y desarrollados. En este mismo sentido, el mundo contemporáneo se caracteriza por las profundas transformaciones originadas en el desarrollo y difusión de las tecnologías de la información y de la comunicación -TIC- en la sociedad, y en el caso de América Latina, por el mantenimiento de profundas desigualdades sociales.
Frente a este escenario los países iberoamericanos están firmemente comprometidos a reducir la brecha digital y convertir la Sociedad de la información y el Conocimiento en una oportunidad para todos, especialmente mediante la inclusión de aquellos que corren peligro de quedar rezagados.
En estas condiciones la información y el conocimiento constituyen factores esenciales de la productividad y el desarrollo humano, por ello es necesaria la concentración de esfuerzos para evitar la profundización de las desigualdades, facilitar la inclusión y fortalecer la cohesión social.
En consideración con esas preocupaciones se abordó el significado y alcance que hoy tiene para todos los países de la Región el empleo por los Gobiernos y Administraciones Públicas de las TIC, y se formuló la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico que contiene un conjunto de conceptos, valores y orientaciones de utilidad para su diseño, implantación, desarrollo y consolidación como herramienta coadyuvante de la mejora de la gestión pública iberoamericana. La Carta subraya que la perspectiva desde la que se tiene que abordar el empleo de las TIC en la gestión pública es la del ciudadano y sus derechos.
A los efectos de la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico, se entiende por ciudadano cualquier persona natural o jurídica que tenga que relacionarse con una Administración Pública y se encuentre en territorio del país o posea el derecho a hacerlo aunque esté fuera de dicho país.
Por lo tanto, de una parte, la Carta Iberoamericana reconoce un derecho al ciudadano que le abre múltiples posibilidades de acceder más fácilmente a las Administraciones Públicas y de esa manera:
• Conocer, con la facilidad que implican los medios electrónicos, lo que están haciendo tales Administraciones.
• Hacerlas más transparentes y, por ello mismo, más controlables contribuyendo a luchar contra la corrupción y generando la confianza de los ciudadanos.
• Eliminar las barreras que el espacio y el tiempo ponen entre los ciudadanos y sus Administraciones y que alejan al ciudadano del interés por la cosa pública.
• Promover la inclusión y la igualdad de oportunidades de forma que todos los ciudadanos puedan acceder, cualquiera que sea su situación territorial o social a los beneficios que procura la sociedad del conocimiento.
• Participar activamente emitiendo opiniones, sugerencias y en general en el seguimiento de toma de decisiones, así como sobre el tipo de servicios que el Estado provee y el modo de suministrarlo.
Por otra parte, no sólo facilitar al ciudadano sus relaciones con las Administraciones públicas y con eso igualar sus oportunidades en ese aspecto, sino también de aprovechar el potencial de relaciones de las Administraciones Públicas para impulsar el desarrollo de la sociedad de la información y del conocimiento.
Así, existen dos objetivos inseparables en el proceso de reconocimiento del Derecho de acceso electrónico a las Administraciones Públicas:
• Un objetivo final y directo: reconocer a los ciudadanos un derecho que les facilite su participación en la gestión pública y sus relaciones con las Administraciones Públicas y que contribuya también a hacer éstas más transparentes y respetuosas con el principio de igualdad, a la vez que más eficaces y eficientes.
• Un objetivo estratégico e indirecto: promover la construcción de una sociedad de información y conocimiento, inclusiva, centrada en las personas y orientada al desarrollo.
El uso público de las TIC contribuirá de manera decisiva al desarrollo, con la conciencia de que en la actualidad la sociedad de la información y el conocimiento puede contribuir al reconocimiento de la multiculturalidad, la diversidad lingüística, y el conocimiento entre los pueblos, fortaleciendo así, el desarrollo cultural y lingüístico.
Los esfuerzos de los gobiernos de la Región en el desarrollo de Gobierno Electrónico conllevan su deber de involucrarse en el debate global sobre la gobernanza de Internet. A tal efecto la participación en los foros y reuniones sobre gobernanza de Internet (IGF - Internet Governance Forums) es clave. Los signatarios de la Carta deberán realizar los esfuerzos necesarios para garantizar que los principios democráticos de esta carta se traduzcan en acciones concretas, dirigidas a que en el desarrollo de Internet se respeten los derechos de participación de todos los actores involucrados en el tema (Gobiernos, Sociedad Civil, organismos multilaterales y agentes económicos) en las decisiones sobre las políticas públicas que se relacionen con el uso de la red.
Para poder profundizar más en el contenido de la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico, los invito a que visiten el siguiente Link:
www.clad.org.ve/documentos/declaraciones/cartagobelec.pdf/at.../file
Los compromisos suscritos en la declaración y plan de acción de:
• En Johannesburgo
• En el Consenso de Monterrey
• En la Declaración de Principios de Ginebra,
• El Código Iberoamericano de Buen Gobierno y
• Las resoluciones pertinentes de otras Cumbres
En especial en lo referente a los Objetivos de Desarrollo del Milenio reconocen que las TIC están desigualmente distribuidas entre los países en desarrollo y desarrollados. En este mismo sentido, el mundo contemporáneo se caracteriza por las profundas transformaciones originadas en el desarrollo y difusión de las tecnologías de la información y de la comunicación -TIC- en la sociedad, y en el caso de América Latina, por el mantenimiento de profundas desigualdades sociales.
Frente a este escenario los países iberoamericanos están firmemente comprometidos a reducir la brecha digital y convertir la Sociedad de la información y el Conocimiento en una oportunidad para todos, especialmente mediante la inclusión de aquellos que corren peligro de quedar rezagados.
En estas condiciones la información y el conocimiento constituyen factores esenciales de la productividad y el desarrollo humano, por ello es necesaria la concentración de esfuerzos para evitar la profundización de las desigualdades, facilitar la inclusión y fortalecer la cohesión social.
En consideración con esas preocupaciones se abordó el significado y alcance que hoy tiene para todos los países de la Región el empleo por los Gobiernos y Administraciones Públicas de las TIC, y se formuló la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico que contiene un conjunto de conceptos, valores y orientaciones de utilidad para su diseño, implantación, desarrollo y consolidación como herramienta coadyuvante de la mejora de la gestión pública iberoamericana. La Carta subraya que la perspectiva desde la que se tiene que abordar el empleo de las TIC en la gestión pública es la del ciudadano y sus derechos.
A los efectos de la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico, se entiende por ciudadano cualquier persona natural o jurídica que tenga que relacionarse con una Administración Pública y se encuentre en territorio del país o posea el derecho a hacerlo aunque esté fuera de dicho país.
Por lo tanto, de una parte, la Carta Iberoamericana reconoce un derecho al ciudadano que le abre múltiples posibilidades de acceder más fácilmente a las Administraciones Públicas y de esa manera:
• Conocer, con la facilidad que implican los medios electrónicos, lo que están haciendo tales Administraciones.
• Hacerlas más transparentes y, por ello mismo, más controlables contribuyendo a luchar contra la corrupción y generando la confianza de los ciudadanos.
• Eliminar las barreras que el espacio y el tiempo ponen entre los ciudadanos y sus Administraciones y que alejan al ciudadano del interés por la cosa pública.
• Promover la inclusión y la igualdad de oportunidades de forma que todos los ciudadanos puedan acceder, cualquiera que sea su situación territorial o social a los beneficios que procura la sociedad del conocimiento.
• Participar activamente emitiendo opiniones, sugerencias y en general en el seguimiento de toma de decisiones, así como sobre el tipo de servicios que el Estado provee y el modo de suministrarlo.
Por otra parte, no sólo facilitar al ciudadano sus relaciones con las Administraciones públicas y con eso igualar sus oportunidades en ese aspecto, sino también de aprovechar el potencial de relaciones de las Administraciones Públicas para impulsar el desarrollo de la sociedad de la información y del conocimiento.
Así, existen dos objetivos inseparables en el proceso de reconocimiento del Derecho de acceso electrónico a las Administraciones Públicas:
• Un objetivo final y directo: reconocer a los ciudadanos un derecho que les facilite su participación en la gestión pública y sus relaciones con las Administraciones Públicas y que contribuya también a hacer éstas más transparentes y respetuosas con el principio de igualdad, a la vez que más eficaces y eficientes.
• Un objetivo estratégico e indirecto: promover la construcción de una sociedad de información y conocimiento, inclusiva, centrada en las personas y orientada al desarrollo.
El uso público de las TIC contribuirá de manera decisiva al desarrollo, con la conciencia de que en la actualidad la sociedad de la información y el conocimiento puede contribuir al reconocimiento de la multiculturalidad, la diversidad lingüística, y el conocimiento entre los pueblos, fortaleciendo así, el desarrollo cultural y lingüístico.
Los esfuerzos de los gobiernos de la Región en el desarrollo de Gobierno Electrónico conllevan su deber de involucrarse en el debate global sobre la gobernanza de Internet. A tal efecto la participación en los foros y reuniones sobre gobernanza de Internet (IGF - Internet Governance Forums) es clave. Los signatarios de la Carta deberán realizar los esfuerzos necesarios para garantizar que los principios democráticos de esta carta se traduzcan en acciones concretas, dirigidas a que en el desarrollo de Internet se respeten los derechos de participación de todos los actores involucrados en el tema (Gobiernos, Sociedad Civil, organismos multilaterales y agentes económicos) en las decisiones sobre las políticas públicas que se relacionen con el uso de la red.
Para poder profundizar más en el contenido de la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico, los invito a que visiten el siguiente Link:
www.clad.org.ve/documentos/declaraciones/cartagobelec.pdf/at.../file
lunes, 9 de noviembre de 2009
Estrategia de Gobierno Electrónico
Según Porrúa Vigón, en su ensayo publicado en internet relacionado con los “Elementos para la creación de una estrategia de gobierno electrónico” donde afirma, que al igual que ha venido ocurriendo con el sector privado, el sector público ha visto como las tecnologías de la información han comenzado a irrumpir en los procedimientos y en el funcionamiento de la administración pública, incorporando mayores elementos de eficiencia, transparencia y mayor agilidad en la prestación de servicios a los ciudadanos.
.
Se puede añadir observando las nuevas normativas legales que se han incorporado en los últimos años, que la mayor parte de estas tecnologías han comenzado, a ser abrazadas por el sector público, en busca de eficiencias que impacten positivamente las finanzas públicas y, en otros casos, como respuesta a una ciudadanía que demanda más información, más transparencia y más eficiencia en la administración pública.
En la mayor parte de los países de Latinoamérica, la búsqueda de transparencia actúa como motor permanente. La adopción de las TIC se ha convertido para los gobiernos de todo el mundo no sólo en un catalizador de una renovación necesitada, sino también en elemento central de desarrollo.
En este mismo orden de ideas, existe una tendencia en el mundo de dejar de depender directamente de las tecnologías de información patentadas, o bajo la modalidad de software propietario, por tal motivo, sin entrar a valorar si la incorporación del “Software libre” en la administración pública para reimpulsar el gobierno electrónico es buena o mala, y que la cuestión fundamental para el gobierno no es si deben o no embarcarse en un Plan de Gobierno Electrónico fundamentado bajo una plataforma de software libre, el asunto que nos debe llevar a reflexión es cuando y cómo deben hacerlo, y la conveniencia o no de modificar los elementos de implementación del decreto presidencial Nº 3.390, vigente desde el 28 de diciembre de 2004, que establece la transferencia e implementación de software libre en todos los organismos del Estado, y que debía ser aplicado obligatoriamente a partir de esa fecha, pero que a buena parte de la Administración Pública le ha sido cuesta arriba dar fiel cumplimiento a dicho decreto.
Claro, existen algunas excepciones a la afirmación anterior, como es el caso de el Ministerio de Ciencia y tecnología que según el diario Aporrea, la implementación del software libre aparentemente en ese organismo ha sido exitosa; para este caso los invito a observar el siguiente Link:
http://www.aporrea.org/actualidad/n59955.html
.
Se puede añadir observando las nuevas normativas legales que se han incorporado en los últimos años, que la mayor parte de estas tecnologías han comenzado, a ser abrazadas por el sector público, en busca de eficiencias que impacten positivamente las finanzas públicas y, en otros casos, como respuesta a una ciudadanía que demanda más información, más transparencia y más eficiencia en la administración pública.
En la mayor parte de los países de Latinoamérica, la búsqueda de transparencia actúa como motor permanente. La adopción de las TIC se ha convertido para los gobiernos de todo el mundo no sólo en un catalizador de una renovación necesitada, sino también en elemento central de desarrollo.
En este mismo orden de ideas, existe una tendencia en el mundo de dejar de depender directamente de las tecnologías de información patentadas, o bajo la modalidad de software propietario, por tal motivo, sin entrar a valorar si la incorporación del “Software libre” en la administración pública para reimpulsar el gobierno electrónico es buena o mala, y que la cuestión fundamental para el gobierno no es si deben o no embarcarse en un Plan de Gobierno Electrónico fundamentado bajo una plataforma de software libre, el asunto que nos debe llevar a reflexión es cuando y cómo deben hacerlo, y la conveniencia o no de modificar los elementos de implementación del decreto presidencial Nº 3.390, vigente desde el 28 de diciembre de 2004, que establece la transferencia e implementación de software libre en todos los organismos del Estado, y que debía ser aplicado obligatoriamente a partir de esa fecha, pero que a buena parte de la Administración Pública le ha sido cuesta arriba dar fiel cumplimiento a dicho decreto.
Claro, existen algunas excepciones a la afirmación anterior, como es el caso de el Ministerio de Ciencia y tecnología que según el diario Aporrea, la implementación del software libre aparentemente en ese organismo ha sido exitosa; para este caso los invito a observar el siguiente Link:
http://www.aporrea.org/actualidad/n59955.html
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